Piden juicio político al Intendente García - Jueza amenazada
La entidad denunciante tenía varios motivos para requerir la formación de
Se trata de situaciones en las cuales se ha acreditado la existencia de una trama de corrupción sorprendente por la cantidad de procesados que serán sometidos a juicio oral.
En uno de los juicios, de trámite escrito, hay 13 funcionarios procesados, entre los cuales se encuentra el Intendente García.
En el otro proceso, el juicio oral se realizará probablemente el año próximo y serán juzgadas 22 personas, entre funcionarios y prestanombres de empresas fantasmas. El intendente, hasta ahora, prestó declaración como imputado no procesado.
La defraudación ha sido estimada en tres millones de dólares. Hay testimonios que indican el uso del dinero para cajas políticas y campañas electorales.
Los delitos comprobados son: Malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, peculado, administración fraudulenta en perjuicio del patrimonio municipal. Los funcionarios involucrados pertenecen a las más altas jerarquías.
Con la petición recibida por el Concejo Deliberante, la Ley dice que deberá formarse una Comisión Investigadora para analizar las pruebas obtenidas por la Justicia y, dada la gravedad de los hechos, el Intendente deberá ser suspendido hasta que se decida si corresponde aplicarle la sanción de destitución.
A continuación se transcribe una síntesis de cada juicio criminal, una crónica sobre las amenazas recibidas por
1. CASO GRANARA (Data entry)
Se ha demostrado que, por contratación directa, se simuló la prestación del servicio de ingreso de datos al sistema de computación del Municipio. Fueron facturados, pagados y no realizados. La empresa tiene el nombre de fantasía “Granara” y se comprobó que no existe, ni estaba inscripta en registros societarios.
En trámite por ante el Juzgado de Transición en lo Criminal y Correccional nº 1, Jueza Dra. María Coelho, Secretario Dr. Diego Herrera. Departamento Judicial de San Isidro. Carátula Original: Kunz s/ Denuncia, Causa 50.618/10.
El Juzgado dispuso la citación a prestar declaración indagatoria de 13 imputados, por existir semiplena prueba de la comisión del delito y motivo para sospechar la autoría
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala II – causa 64.614, durante este año confirmó la citación a prestar declaración indagatoria de los imputados rechazando el recurso de apelación. La Cámara declaró improcedente un recurso extraordinario. El expediente llegará en los próximos días al Juzgado de
Los funcionarios procesados son:
La pericia informática realizada por personal de
2. CASO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.
Se ha demostrado que, por contratación directa, se simuló la prestación de esos cursos. Fueron facturados, pagados y no realizados. Los funcionarios contrataban con empresas registradas pero que eran una máscara destinada a facilitar mecanismos de fraude fiscal mediante venta de facturas.
Causa instruida por
Los Fiscales de Instrucción pidieron la elevación a juicio oral de 22 personas acusadas de realizar o participar en las maniobras delictivas. La investigación se dividió en dos expedientes, IPP nº 242.984 y nº 78.197.
Las personas que se llevarán a juicio oral en el primer expediente, confirmado por el Juez de Garantías, son: Dora Zorrilla, Rita
Los fiscales acusadores afirman que se ha acreditado que, en el año 1999, distintos funcionarios públicos de las más altas esferas de la administración municipal, contando con la participación de particulares ajenos a la función pública, defraudaron los intereses que les fueron confiados. En la mayoría de los casos, los cursos se entregaron por adjudicación directa a un grupo de siete empresas; Silver Trade, Nordway, Cidan, Data World, Research Systems, Esycom, y Arland. Entendieron que ninguna de las empresas había capacitado al personal del municipio. Se había gastado casi un millón y medio de pesos/dólares en cursos que se contrataban de manera directa con la excusa de que eran productos especiales.
En esta causa el Intendente García sólo declaró como imputado no procesado. Su situación permanece en suspenso. Corre el riego de ser procesado ya que utilizando “superpoderes” otorgados por sus concejales, habilitó partidas presupuestarias que se utilizaron para estas erogaciones. Además resulta poco creíble que por dos causas (ésta y la Causa “Granara”) estén procesados quienes ejercieron
Dicen los fiscales acusadores: Se ha acreditado que distintos funcionarios públicos de las más altas esferas de la administración municipal, contando con la participación de particulares ajenos a la función pública, defraudaron los intereses que les fueron confiados.
De los listados de alumnos, más de sesenta empleados municipales fueron citados por los fiscales y sólo siete declararon que habían acudido a clase, en un hotel internacional de Puerto Madero, y de ellos sólo dos recordaban el nombre de las empresas que los habían capacitado. Ninguno de ellos pudo mostrar un diploma ni pudieron exhibir apuntes de las clases.
Amenazas a
Llama la atención el hecho de que, quienes han realizado o instigado las amenazas, conocen detalles del entorno familiar de la Jueza y están informados de la agenda diaria de varios familiares.
Las más alarmantes le recordaban que tiene 6 hijos y que lo más conveniente era no investigar.
En los dichos del interlocutor anónimo no se menciona ninguno de los juicios que lleva su Juzgado.
Pero, la repetición intermitente de las llamadas hizo que se diseñara una planilla para analizar paralelos cronológicos entre las mismas y algunas resoluciones importantes dictadas por el Juzgado en diversos juicios. La sorpresa los invadió cuando verificaron que cada ola de llamadas se presentaba dos o tres días más tarde de decisiones gravosas para los procesados en la causa “Granara”.
No fue posible ubicar a los autores de las llamadas. Cuando identificaron a los dueños de los celulares de origen, comprobaron que se trataba de bolseros titulares de muchos aparatos que habían vendido y era imposible descubrir el usuario actual.
Ante la persistencia de los llamados,
Los delincuentes que amenazaron demuestran tener un apoyo logístico muy especial, compatibles con grupos de tinte mafioso. Se necesita una estructura con mucha experiencia y poder para obtener la información de que hicieron gala en las llamadas telefónicas.
La ex Secretaria de Economía y Hacienda, Dora Zorrilla, devuelve $1.230.954, parte del dinero sustraído.
En un caso inédito en los anales de la Justicia, una funcionaria pública acusada de defraudación al patrimonio del estado devuelve parte del dinero sustraído.
El escrito es curioso. La ex funcionaria devuelve parte del dinero y dice que “es un deber de conciencia presentarme por este medio ante el señor juez para manifestar que ni el intendente ni los demás funcionarios tienen claro conocimiento de los cursos que dieron origen a esta investigación”. “Mas allá de la total ausencia de dolo en las conductas reprochables en estas actuaciones, no me cabe duda de la responsabilidad que me cabe desde la función”. “Es mi deseo reparar en la medida de lo posible, el perjuicio sufrido por la comuna y como ya dije es un deber de conciencia”.
La suma se corresponde con parte de las observaciones hechas por
Los fiscales ignoraron esa presentación y no cambiaron la carátula de la causa.
Hay quienes sostienen que Zorrilla pretendía mejorar su posición procesal con una estrategia de defensa que permita a los jueces aplicarle una figura penal más leve que la de defraudación. Ella quiere decir que cometió errores que permitieron el fraude de terceros ajenos al Municipio.
Sin embargo, ese análisis no resulta creíble. Ella sabe que las pruebas la llevarán a una condena. Recordemos que su marido está fuertemente involucrado. En realidad está mandando una señal engañosa a los otros procesados. Les está diciendo que ella asume todas las culpas, les asegura que se queden tranquilos y que no sucumban a la tentación de hablar y desnudar la trama de todos los responsables.
El temor de Zorrilla y de otros imputados es que aquellos procesados con responsabilidad menor expliquen con lujo de detalles cómo los presionaron para firmar cierta documentación comprometedora y qué sucedió en distintas áreas del Municipio luego de conocer la existencia del juicio.
En el escrito de requerimiento de elevación a juicio oral, los fiscales no muestran dudas. Están convencidos de que se trató de una maniobra planificada desde el interior del municipio, con la participación de muchas personas y para mantener una caja política. Las excusas intentadas por varios de los procesados no son creíbles y el fiscal de juicio pedirá las penas que correspondan a cada uno de ellos.
